El 22 de noviembre de 2015, la alianza Cambiemos ganaba las elecciones en segunda vuelta, con Mauricio Macri como próximo presidente de todos los argentinos. Su compañera de fórmula, al igual que en las elecciones para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007, fue Gabriela Michetti.

 

Michetti sufrió en 1994 un accidente automovilístico que la dejó parapléjica y desde ese momento, tuvo que adaptarse a moverse en una silla de ruedas.

 

“Todo depende de cómo te posiciones frente a la silla”, dijo con respecto a su actitud ante este gran cambio en su vida en una entrevista con TN en 2015. Si, todo depende de cómo te posiciones frente, pero también, con la silla. La vicepresidenta cuenta con la posibilidad o, mejor dicho, suerte, de poder movilizarse y acceder prácticamente a todos lados con su silla de ruedas. Su lucha por los derechos de las personas con discapacidad se ha convertido en parte de su marca política y personal. 

 

Pero hay problema de doble moral en todo esto. Michetti dirige la Agencia Nacional de Discapacidad, la cual “fomenta el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden los derechos de las personas con discapacidad, potenciando la transformación social y la inclusión”. Pequeño detalle: en septiembre de 2018 esta agencia publicó en el Boletín Oficial la resolución 268/2018, donde establecen la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de “incompatibilbilidad". Esta resolución se basa en un decreto del gobierno de Carlos S. Menem, el 432/97, que establece como requisito para cobrar una pensión de este tipo que la persona pueda acreditar un 76% por ciento de discapacidad que le prohíba trabajar. A Gabriela Michetti se la puede ver recorriendo clínicas de rehabilitación para personas con discapacidad y en plena campaña electoral hace uso de este tema como bandera personal, pero fue la mismísima vicepresidenta quien llevó adelante este recorte. Irónico que alguien que conoce los padecimientos a los que se enfrenta una persona con discapacidad, decida llevar adelante un recorte de este estilo.

 

Inauguró junto a Juliana Awada y la esposa de Jair Bolsonaro (Presidente de Brasil), en junio de este año, la II Cumbre Global de Discapacidad, y dice: “Las personas con discapacidad, la minoría más grande del mundo, empezamos a tener poco a poco más voces que hablen sobre nosotros”. ¿Por quiénes está hablando? Confirma su compromiso por la plena inclusión de las personas con discapacidad pero después desde su gobierno no se priorizan obras para permitir que personas con movilidad reducida puedan desplazarse a lo largo y a lo ancho del país. 

 

Sí, las leyes están. Pero son olvidadas o intencionalmente ignoradas. A tal punto de ya no solo pasar por alto leyes nacionales como, por ejemplo, la 24.314 (que vela por la accesibilidad de las personas con movilidad reducida), sino desoír Convenciones Internacionales reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas. 

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Michetti dijo en la 12ª Conferencia de Estados Parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que "a la inclusión se llega, hoy más que nunca, por el camino de la cooperación internacional. Debemos consolidar nuestro esfuerzo hacia la abolición de la discriminación en todas sus formas. Nuestra responsabilidad como servidores públicos es establecer las condiciones para que las personas con discapacidad nunca más quedemos marginadas de la política pública nacional, regional e internacional". Irónico. 

 

Las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que "toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole". Al recortar pensiones a personas que cuentan con un impedimento incontrolable y de por vida, ¿no se está, acaso, discriminando? ¿No se debería garantizar a todos los ciudadanos un “punto de partida” equitativo, como para que recorran su día a día sin tener que cargar, además, con una especie de castigo por contar con una discapacidad? Si dos personas, una con y otra sin una discapacidad, se proponen en la Argentina actual lograr una misma meta, es muy probable que a la persona no discapacitada le cueste mucho menos y no solamente por sus características físicas. El Estado no está garantizando la igualdad de posibilidades.

 

Tampoco se puede culpar a esta gestión por todos y cada uno de los problemas de discriminación para con las personas discapacitadas, pero hay que preguntarse cuán exigente hay que ser con un gobierno que en campaña levanta la bandera de la defensa de estas personas, generando simpatía en los votantes cuando dirigen promesas hacia esta minoría que tantas veces es dejada de lado. Además, ¿qué clase de persona no siente empatía con gente que está padeciendo el mismo dolor que ella?